“Sin democratización de la comunicación, no
hay democracia” fue una proclama, un grito, que se extendió por
Latinoamérica a inicios de los ’80, particularmente en aquellos países
del Sur que transitaban de las tinieblas dictatoriales a fórmulas
constitucionales.


La premisa era simple, pero contundente, por ser universalmente
aceptada: la vitalidad de la democracia depende de la participación
ciudadana, para lo cual resulta fundamental que los diversos sectores
ciudadanos estén debidamente informados y puedan expresar sus
particulares puntos de vista al conjunto de la sociedad, condición que
solamente puede garantizarse con la democratización de la comunicación.


Para entonces, en un sentido general, estaba presente el hecho de
que gran parte de los medios establecidos o fueron puntales para el
establecimiento de tales dictaduras o se acomodaron a ellas, sea por la
censura o autocensura, para medrar de un entendimiento tácito que
permitió que se levanten monopolios a cambio de favores efectivos pero
nunca dichos, como el silenciar las voces de las fuerzas políticas de
oposición y de los movimientos sociales.


Pero en tal proclama también estuvo presente la voz y anhelo de un
sinnúmero de esfuerzos y experiencias alternativas, que con un sentido
popular, comunitario, de base, etc., buscaban desde anteponer
contrapuntos a segmentos del manejo mediático, hasta formular
respuestas globales, en un sentido anti-hegemónico, pasando por un
conjunto híbrido, pero con un común denominador: la filiación a lo que
fue el movimiento en torno a las “políticas nacionales de comunicación”
que dio sustento a la demanda por un Nuevo Orden Mundial de Información
y Comunicación (NOMIC).


Aunque no faltaron los respaldos y simpatía de las fuerzas sociales
organizadas con esta causa, el hecho es que no dieron el paso para
apropiarse de ella, para hacerla suya; fue como si se tratara de un
asunto circunscrito a quienes están directamente vinculados al campo
comunicacional, cuando en realidad es ante todo un asunto de
ciudadanía. A la postre, ello redundó en que pase a ser una de las
asignaturas pendientes de las luchas sociales, aunque en ella han
perseverado un contingente de colectivos para mantenerla vigente y, de
a poco, con un trabajo de hormiga, ir pugnando para que la lucha por la
democratización de la comunicación pase a ocupar el sitial que se
merece en las luchas sociales contemporáneas.


En el plano de la gestación y proyección de respuestas en el
terreno, el acumulado que la comunicación alternativa, popular,
dialogal, horizontal, etc. había logrado entre finales de los ’70 e
inicios de los ’80, prácticamente se desparramó ante el impacto brutal
de las políticas neoliberales, en la medida que afectaron el sentido
mismo de organización social con la premisa individualista del “sálvese
quien pueda”. Fueron, sin duda, momentos difíciles, pero la llama
permaneció encendida.



¿Dónde queda la sociedad?



Con los acelerados avances de las tecnologías de información y
comunicación registrados en los últimos tiempos, no solo se ha
establecido un nuevo escenario en este campo, sino que éstas han
repercutido en las diversas esferas del convivir social de manera
profunda. En este contexto, el poder que han venido acumulando los
medios de difusión les ha llevado a una virtual ocupación del espacio
público, que les permite actuar con una agenda política y económica
propia, estableciendo lo que tiene o no pertinencia social. Al punto
que, en los tiempos que corren, ante el descalabro de los partidos
políticos del establecimiento, prácticamente han pasado a cumplir el
rol de articuladores de tales sectores, incluso como cuasi partidos.
Todo esto, en medio de la febril competencia mercantil que desdibuja
seriamente el carácter de servicio público de los medios de
comunicación y la responsabilidad social que tienen, lo cual va
acompañado de intentos por desbaratar cualquier norma legal que pudiera
restringir el control corporativo del sector.


Es por ello que va cobrando fuerza la demanda de un amplio debate
público sobre el rol de los medios en las sociedades democráticas
contemporáneas, el sistema de propiedad, el carácter de los medios
públicos, la libertad de expresión, etc. que precisamente ha sido una
de las banderas de quienes impulsan el reconocimiento del Derecho a la
Comunicación y la democratización de los medios.


Sean O’Siochrú, de la Campaña por los Derechos de la Comunicación
en la Sociedad de la Información (CRIS) (1), al referirse a los
diferentes pasos del proceso de comunicación en la sociedad -creación y
propiedad del conocimiento, procesos y medios para la difusión y la
comunicación, su uso para alcanzar metas políticas, económicas y
sociales-, y quienes ejercen el control sobre ellos, señala que: "El
peligro inminente es que cada momento del ciclo se está atando a las
necesidades del capital y del mercado. El peligro en última instancia
es que el ciclo del proceso de la comunicación en la sociedad sea
interrumpido, que el proceso de aprendizaje social se haga cada vez más
débil, y que al final el proceso de la creatividad sea transformado y
reducido a la generación de ganancia a corto plazo, en forma
insostenible, para una pequeña minoría". El evoca el concepto y la
práctica de los "derechos de la comunicación", que pueden ayudar a
"evaluar críticamente y entender estos peligros, pero también para
ayudarnos a organizar soluciones integrales para abordarlas".


Sería oportuno retomar el concepto de la comunicación como derecho
humano, indispensable para el ejercicio de ciudadanía, para reencaminar
el debate que se ha abierto en los últimos meses en América Latina en
torno a la libertad de expresión -particularmente a raíz de la decisión
del gobierno venezolano de soberana y legalmente no renovar la
concesión de frecuencias de RCTV-, puesto que la tendencia ha sido
polarizar el debate entre medios comerciales y gobierno, como si fueran
los únicos actores.


Con la conquista del espacio público, de manera sistemática los
medios pretenden erigirse en representantes de la sociedad. Pero no
queda claro que las grandes mayorías se sientan representadas por
ellos, siendo que, por lo general, solo hacen referencia a los sectores
populares como víctimas de desastres o protagonistas de la violencia
social y la criminalidad. ¿Qué hay de la libertad de expresión de estos
sectores y su derecho de hacer oír sus propuestas, demandas y críticas?
¿Qué mecanismos existen para defender el derecho a la información de la
ciudadanía, frente al control dominante y crecientemente monopólico de
los sectores de poder económico en el ámbito de la comunicación?


La reemergencia en el continente de expresiones organizadas que
pugnan por democratizar la comunicación está contribuyendo a este
replanteamiento del debate. Dos de sus recientes logros incluyen la
aprobación de una ley de radiodifusión comunitaria en Uruguay, y en
México la decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional
partes de la llamada "Ley Televisa", que consagraba el monopolio
privado en la televisión. Estas expresiones, incluyen desde las redes y
campañas que impulsan el reconocimiento e implementación de derechos y
marcos legales, hasta los medios alternativos y comunitarios que
apuntan a desbloquear la expresión de la ciudadanía, además del
análisis de investigadores que acompañan estas causas. Son iniciativas
como éstas y las articulaciones que se van tejiendo entre ellas y otros
movimientos que luchan por la justicia social, las que están sentando
las bases para que la democratización de la comunicación se haga
realidad.

http://www.codigosur.org/leer.php/197

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